Según el Ministerio de Defensa, desde que inició el paro se han registrado 2.284 bloqueos en carreteras del país, entre intermitentes y permanentes, de los cuales 30 taponamientos se mantienen vigentes desde hace más de cuatro días.
El trabajo de la Fuerza Pública ha permitido 508 desbloqueos viales, facilitando la movilización y llegada a su destino de 7.886 vehículos con 298.935 toneladas de carga.
Gracias a la labor de la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares y las autoridades locales, desde el 28 de abril, fecha en que se iniciaron las manifestaciones públicas, se han logrado 508 desbloqueos viales, facilitando la movilización y llegada a su destino de 7.886 vehículos con 298.935 toneladas de carga.
Según el Ministerio de Defensa, se han registrado 2.284 puntos bloqueados, entre intermitentes y permanentes, de los cuales 30 están vigentes por más de cuatro días.
No obstante, según el análisis de las autoridades, los bloqueos en carreteras del país cada vez son menores. Mientras que, en la segunda semana de manifestaciones, es decir del 5 al 11 de mayo, se presentaron 801 bloqueos, en la tercera semana (del 12 al 18 de mayo) fueron 606 y en lo corrido de la cuarta semana (del 19 al 22 de mayo) se han registrado 296.
Los departamentos más afectados por bloqueos en carreteras siguen siendo el Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Huila.
Entre las vías de hecho que aún perduran se destacan 30 puntos, que se mantienen por más de cuatro días en el Valle del Cauca (23) Huila (5), Nariño y La Guajira con un bloqueo, respectivamente.
Se han registrado 331 capturas, 315 de ellas por obstrucción a vías públicas y 16 por perturbación al servicio de transporte público.
Los bloqueos y la obstrucción de las vías públicas no son expresión de protesta pacífica: Defensor del Pueblo
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, alertó sobre las dificultades para la movilización de alimentos en 29 de los 32 departamentos del país con afectación directa en 300 municipios y parálisis en el despacho de todo el espectro de productos agrícolas.
Camargo señaló que los sectores con mayor impacto han sido frutas y hortalizas, café, caña de azúcar, lácteos, aguacate hass, avicultura, piscicultura y porcicultura.
El Defensor además advirtió que las cadenas productivas campesinas al borde de la quiebra son 350 mil familias papeleras, 450 mil familias cafeteras, 52 mil familias cacaoteras, 29 mil familias paperas y 651 mil empleos directos en piscicultura, porcicultura y avicultura.
Camargo indicó que los departamentos más afectados son Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Santander, Tolima, Huila, Meta, Risaralda, Quindío, Nariño, Magdalena, Guajira, Córdoba, Norte de Santander y Caldas.
El Defensor del Pueblo fue enfático al afirmar que “los bloqueos y la obstrucción de las vías públicas no son expresión de protesta pacífica. Violan los derechos ciudadanos y están encaminados a generar en Colombia, una hambruna artificial entre la población”.
Gremios prenden alarmas y piden mediación internacional
El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a 29 de las agremiaciones más grandes del país, prendió las alarmas a causa de los bloqueos en carreteras, por lo que pidió intervención a nivel internacional a través de una carta dirigida a la ONU, la OEA y la CIDH.
“Hay regiones de Colombia que presentan desabastecimiento de alimentos, de combustibles, de medicamentos e insumos médicos», señala la misiva
La misiva advierte «afectación en el bienestar de las comunidades por la carencia y el sobrecosto de alimentos y que las personas no puedan acceder a sus tratamientos médicos”.
La carta añade que los bloqueos “no hacen parte del ejercicio legítimo de la protesta social, pues no son acciones pacíficas, su ejercicio representa la vulneración de derechos humanos de terceros”.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura advirtió que se están perdiendo alrededor de 760.000 empleos en las zonas rurales y está en peligro la producción de 850.000 campesinos.
La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría expidieron el pasado sábado un comunicado en el que señalan que “perpetradores e instigadores” de taponamientos serán judicializados e hicieron una advertencia especial a los funcionarios públicos de todos los niveles: “deben actuar para la aplicación de la Constitución y la ley, y por lo tanto proteger los derechos de toda la nación”.
