La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a alcaldes y a autoridades territoriales a cumplir las orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por Covid-19
El ente de control instó a los departamentos, alcaldías y otras autoridades a implementar estrategias para anticipar una eventual situación de emergencia en la salubridad pública de sus territorios.
La Procuraduría General de la Nación instó a autoridades departamentales, municipales y distritales, así como a EPS, IPS, Policía Judicial, Medicina Legal y servicios funerarios, a continuar cumpliendo los protocolos dispuestos en la guía del Ministerio de Salud y Protección Social referente al manejo, traslado y disposición final de cadáveres por Covid-19, en aras de garantizar los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.
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El ente de control recordó la necesidad de implementar estrategias y procesos dirigidos a prever la capacidad de reacción frente a una eventual situación de emergencia en la salubridad pública de los territorios, ante el aumento en la tasa de mortalidad por COVID-19.
A su vez, la Procuraduría Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social -en atención a los resultados obtenidos en los procesos de vigilancia que realizan las procuradurías regionales, provinciales y distritales-, exhortó a las administraciones territoriales a cumplir el deber que les asiste de garantizar las medidas y recursos presupuestales para la disposición final e inmediata de los cuerpos, de conformidad con lo establecido en el artículo 268 del Decreto Ley 1333 de 1986 y artículo 50 de la Ley 1448 de 2013.
El campanazo del Ministerio Público se presenta luego de recibir una serie de denuncias serias sobre la disposición de cadáveres por Covid-19 en diferentes municipios del país:
En San Gil, Norte de Santander, una víctima mortal del virus tuvo que permanecer más de ocho horas a la espera de su traslado debido a que el cementerio del Municipio de Aratoca no cumplía con los protocolos para recibir el cuerpo en ese momento.
En Fusagasugá, Cundinamarca, la Procuraduría se vio alertada por un déficit de bodegas y de hornos crematorios para los fallecidos por covid-19.
En Soacha, Cundinamarca, se reportaron “barreras en la disposición de cadáveres en domicilios debido a demoras de hasta 12 horas de entrega de historias clínicas por parte de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) al médico de la IPS, el cual es el encargado de declarar la muerte de la persona”.
